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 El recuento anterior muestra que en la historia del país han sido ocasionales y no muy vigorosos los intentos estatales de censurar y limitar la libertad en el ejercicio del periodismo mediante procedimientos legales. Así haya algunos aspectos debatibles en el ordenamiento legal y en la interpretación judicial de las normas, lo cierto es que la prensa se mueve en un ambiente bastante estable y consolidado de independencia frente al Estado.

Esto no excluye, por supuesto, la existencia de otras fuerzas que restrinjan u obstaculicen la capacidad de los medios para actuar libremente, o que debiliten su voluntad para hacerlo. Entre los gobiernos y los medios se dan relaciones mucho más complejas que la simple represión a las críticas de la prensa. Son frecuentes los esfuerzos de manipulación y seducción, apoyados en la cercanía ideológica de medios y gobierno, o en vínculos familiares y personales, inevitables en una sociedad en la que el tránsito de la prensa a la política, y viceversa, es muy frecuente. Y, como lo discutiré en un poco más de detalle más adelante, la evolución de la estructura empresarial de los medios ha producido algunos efectos ambiguos en este campo.

Sin embargo, en los años recientes los esfuerzos mayores y más dramáticos para restringir la libertad de los medios provienen de grupos sociales distintos al gobierno. Los esfuerzos de algunos grupos empresariales por influir sobre la orientación de los medios, a través del manejo publicitario, fueron denunciados con vigor por Alfonso López Michelsen a comienzos de la década de 1960, quien hablo de una “mano negra” empresarial. El grupo Grancolombiano, a fines de los 70s y comienzos de los años ochenta, hizo grandes esfuerzos por silenciar a El Espectador, como respuesta a la información que daba el periódico acerca de las irregularidades en que había incurrido el grupo encabezado por Jaime Michelsen Uribe.

Pero la verdadera tragedia del periodismo colombiano se ha producido por la violencia directa ejercida contra los periodistas, por parte de organismos sociales no estatales. El narcotráfico, la guerrilla, los paramilitares y otros tipos de delincuentes (como políticos corruptos y algunos agentes de la fuerza pública) han participado en el hostigamiento, la amenaza o el asesinato de un número elevado de periodistas. En la mayoría de los casos estos crímenes no se han esclarecido en forma adecuada, y las pruebas que precisen la responsabilidad de sus autores y los motivos precisos de los delincuentes no se han recogido. Sin embargo, es evidente que el mayor riesgo proviene de la revelación de actividades ilícitas de grupos corruptos y del ataque personal y nominal a narcotraficantes.

La narración detallada de los incidentes de violencia contra la prensa se ha hecho en varias ocasiones y aquí es pertinente recordar solamente algunos de sus momentos más dramáticos. Entre 1984 y 1990 el narcotráfico trató de silenciar la prensa mediante el asesinato de periodistas de todos los niveles, desde reporteros de la base hasta directivos de alto nivel, como Guillermo Cano, director de El Espectador, asesinado en 1996. Una nueva fase de intensa violencia se vivió en 1995-1998, cuando los paramilitares dieron muerte a periodistas que consideraban simpatizantes o colaboradores, voluntarios o involuntarios, de los grupos guerrilleros: Jaime Garzón es el más conocido de estos. Y desde 1984 hasta hoy, el ejercicio, en las provincias y pequeñas localidades, de un periodismo de denuncia muy polémico y desafiante, ha producido y sigue produciendo, aunque la tendencia ha sido la de una disminución gradual de los incidentes graves, la muerte violenta de algunos periodistas. En resumen, entre 1985 y 2000 unos 150 periodistas fueron asesinados por razones ligadas a su oficio.